Para que una elección federal o local sea anulada deberán presentarse violaciones graves, dolosas y determinantes que impidan comicios libres, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución.

Los tres casos en los que una elección se anularía son:

1.- Que algún candidato exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

2.- Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de la ley.

3.- Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Javier Martín Reyes, maestro en ciencia política por la Universidad de Columbia y licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que es necesario castigar de manera ejemplar a quienes violen la ley y traten de sacar ventaja ilegal.

“Deberían aplicarse sanciones administrativas ejemplares y disuasivas  y hasta cárcel en aquellos casos de quienes hicieran uso de recursos públicos o de procedencia ilícita para sacar ventaja, eso sería más efectivo que incluso anular elecciones”, afirma.

“Lo que tienes siempre en las nulidades es que hay cierto tipo de violaciones e irregularidades que cambiaron el resultado de la elección, se asume que el gasto por encima del límite puede influir en el resultado”,  agrega el especialista.

Javier Martín Reyes, advierte que la redacción de la primera causal de nulidad  es incierta, pues sólo refiere que si algún candidato excediera el gasto de tope de campaña en un cinco por ciento debiera anularse.

Así cabría la posibilidad de que si los contendientes por la Presidencia de la República que quedaran en segundo y tercer lugar rebasaran sus topes de gastos de campaña más allá de lo permitido por la ley, pero el primero y ganador no, las elecciones podrían anularse.

“Yo no recuerdo un solo asunto donde las violaciones del segundo y tercer lugar sirvan para anular la elección, pero con la ambigüedad de la redacción de lo que señala la ley en un caso muy remoto se podría dar, pero eso va en contra de la lógica de las nulidades y en contra de los precedentes del propio Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación y además generaría incentivos perversos”, explicó.

“Si rebasan el segundo y el tercero el tope de gastos de campaña, pero el ganador no y anulas, generas incentivos súper perversos, así  el segundo y el tercero tendrían todo para gastar de más y tener otra oportunidad”, agrega.

El especialista ejemplifica que  si el candidato ganador y el segundo lugar en ambos casos rebasaran en un 5 por ciento o más el gasto de tope de campaña, las elecciones deberían anularse pues se vulnera el principio de equidad para el resto de los participantes.

En materia electoral hay un principio que establece  que un candidato no puede beneficiarse de su propio dolo ni de las irregularidades que él mismo comete

“Así, en el caso de que un segundo lugar rebase topes de gastos de campaña y con eso pida la nulidad sería un contrasentido, pues él  mismo generaría con esas esas violaciones un beneficio propio para participar de nuevo o su partido”, refiere Reyes.

El especialista insiste que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes de anular una elección deben preguntarse si las irregularidades que se presentaron fueron determinantes para el resultado de la elección.

“La anulación no es la panacea ni el remedio, tendríamos que sancionar de manera más efectiva a quienes violan la ley.  De por sí es difícil que la gente se anime a votar, si anulas, millones de votos terminan en la basura y eso al largo plazo genera una percepción en el ciudadano de que su voto no cuenta, es un costo social muy alto”

Por Gerardo Romo